Respecto a la demolición de una vivienda sin los permisos de regularización correspondientes, la municipalidad de Putaendo desea aclarar lo siguiente:
1.- La municipalidad de Putaendo lamenta lo sucedido la jornada del martes cuando, de acuerdo a una sentencia del Juzgado de Policía Local de Putaendo, se procedió a la demolición de una vivienda en el sector de Quebrada de Herrera, hecho que se encuentra apegado a la Ley.
2.- El municipio ha actuado con rapidez para ayudar a la familia. Desde la Dirección de Desarrollo Comunitario han mantenido contacto constante y se ha gestionado ayuda inmediata para que el afectado pueda obtener un subsidio de arriendo con el SERVIU. Además, se entregará atención psicosocial al niño y al adolescente que ahí vivían.
3.- El hecho se enmarca en una denuncia realizada por la Dirección de Obras Municipales en octubre del año 2018, luego de recibir diferentes reclamos de vecinos y agrupaciones del sector. Los lugareños acusaron la presencia de un acopio de escombros de gran tamaño en la ribera del Estero Seco, perteneciente al afectado. Este foco de insalubridad generaba la presencia de plagas y contaminación en la ribera del afluente.
4.- Al realizar la respectiva revisión del lugar, el denunciado no tenía los permisos para levantar edificaciones en un Bien Nacional de Uso Público, ni las autorizaciones correspondientes para tener una escombreadera de tipo comercial. “La escombrera carece de todo permiso que lo regula, como es la Resolución Sanitaria que autoriza y que regula su funcionamiento a través de la SEREMI de Salud Aconcagua. No cuenta con el IFC por parte del SAG por encontrarse fuera de los Limites Urbanos de la comuna, informe que autoriza un uso de suelo distinto a lo agrícola; y además no cuenta con los permisos DOM y Rentas Municipales”, explica la denuncia enviada por la DOM.
5.- Además, la municipalidad indicó que en el lugar existía una toma de terreno ilegal por parte del denunciado. Posteriormente, se tomó conocimiento que esa zona era también reclamada por un tercero como dueño, habiendo un conflicto entre privados.
6.- La sentencia del Juzgado de Policía local ordenó la demolición de las instalaciones por no contar con los permisos correspondientes. El afectado fue notificado y, al menos, en tres ocasiones se le indicó que el dictamen sería efectivo, pero hubo caso omiso del denunciado.
7.- La Junta de Vecinos del sector manifestó que en esa zona, donde existen tomas irregulares, es conocida por ser un foco de inseguridad para los vecinos y transeúntes.